La ministra de Derechos Humanos de la provincia, Lilia “Tiki” Marchesini, reiteró el compromiso de la cartera a su cargo con la problemáticas surgidas en torno a los servicios de luz y agua y al acceso a la tierra.
“Entendemos que el acceso a la luz, al agua y a la vivienda tienen que ver con los Derechos Humanos, por eso participamos en las mesas interinstitucionales donde se tratan las problemáticas que tienen que ver con esas cuestiones”, indicó en una entrevista con la FM Enfoque 89.7 de Campo Grande.
“Veníamos con unos focos de conflicto con los cortes de agua en Posadas. Esto se dio de manera compulsiva en diciembre. Las cuestiones surgen con la necesidad y en esa primera mesa que se generó con distintos organismos, como el Eprac, la Defensoría de Posadas, diputados provinciales, organizaciones sociales, vecinos y Samsa, la empresa prestataria, supimos organizar un temario de trabajo y plantear el derecho humano al agua potable. Logramos que se corrijan algunas cuestiones, como la facturación a gente que ni siquiera contaba con el servicio. También mejorar la provisión y elaborar un plan de contingencia para abastecer a las 22 mil personas que estaban sin agua durante esos cortes, producidos por averías en un acueducto”, detalló.
“En esta mesa nos enteramos que Samsa se encarga del servicio y el mantenimiento, no de las inversiones. Y he ahí el problema. Por eso vamos a ver con la Nación cómo se puede hacer esa inversión. En la próxima reunión vamos a sumar al referente local del Ministerio del Interior, Alfredo Schiavoni, y al titular del Imas, Joaquín Sánchez. Y no sólo estamos hablando de agua potable, sino también de cloacas”, puntualizó.
Lilia “Tiki” Marchesini, ministra de Derechos Humanos
“En la Mesa sobre la energía, hablamos con el titular de Emsa, Guillermo Aicheler, y analizamos el hecho de que la Nación ha elevado muchísimo los costos. Lo que antes se paga 2 pesos ahora se abona 44. Imagínense lo que representa para el bolsillo del usuario y de la Provincia. Había varios programas que permitían beneficios, que ahora se anularon. Hay 6.000 familias que perdieron la tarifa social. Esto eleva a valores incalculables la factura”, sostuvo.
Y admitió que “Emsa está en un momento crítico en cuanto a inversión”.
Dijo que detectaron, además, que “en la facturación de diciembre se tenía que haber registrado el aumento. Pero hay boletas que llegaron con parte del consumo de noviembre y sobre esos días también se aplicó el incremento”.
“Todos los reclamos los vamos a recibir e intervendremos. Se centralizará todo en la Defensoría del Pueblo de Posadas. Se centrará allí todo, incluidos los reclamos de otras localidades”, aclaró.
“Además de hacer el reclamo por esa vía, el usuario tiene que llamar al número que figura en la factura y hacer saber su queja”, aconsejó.
Finalmente, dijo que “la mesa restante tiene que ver con el tema de la tierra. Vamos a volver a reunirnos el próximo jueves. La cantidad de asentamientos que hay es el tema principal. Una de las mayores demandas que hemos tenido hasta el momento tiene que ver con los desalojos”. Sobre esta problemática resumió que escuchan a todas las partes y buscan conciliar posiciones, aunque aclaró que hay mucho camino por recorrer.